El Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, ya de por sí especialmente perjudicial para las energías renovables en su conjunto, puede convertirse en la norma que acabe definitivamente con los sectores de generación eléctrica de las energías renovables acogidos al Régimen Especial, si prosperan las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que tratan a estas tecnologías como las principales causantes del déficit tarifario y, en algún caso, incorporan medidas retroactivas sobre su retribución. La enmienda 152 sobre la disposición final primera, que modifica la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, propone que se financie el 38,3% de las primas del Régimen Especial con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, lo que prácticamente acabaría con el sector eléctrico renovable nacional e indirectamente con el sector renovable en su conjunto.
El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular no valoran en su medida la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, del pasado 30 de mayo, en la que se señala a la “competencia insuficiente en el sector” y a “una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas”, como causantes del déficit tarifario.
El Gobierno señala como culpable del déficit a las Energías Renovables
El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno grava a todas las tecnologías de generación con una nueva tasa del 6% sin tener en cuenta la diferencia entre ellas, lo que perjudica especialmente a aquellas infraestructuras de nueva construcción, cuya generación de caja va destinada en gran medida a cubrir los costes de financiación y amortización de crédito, frente a aquellas centrales ya amortizadas. La nueva tasa prevista en el Proyecto de Ley viene a sumarse a las medidas retroactivas que se aprobaron en 2010 sobre algunas tecnologías renovables y a la moratoria establecida por el Real Decreto-ley 1/2012.
Resulta paradójico que, existiendo costes como los de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que deberían ya incluirse en los PGE, su traslado se haya paralizado, mientras que las primas de las energías renovables se quieran llevar a los Presupuestos. No existe ninguna razón por la que otros costes del sistema con igual o mayor motivo para ser trasladados a los Presupuestos (costes extrapeninsulares e insulares, ayudas al carbón, interrumpibilidad, pagos por capacidad,…) sigan dentro de la tarifa eléctrica y las primas a las energías renovables, no. Con ello se señala a las energías limpias como causantes no solo del déficit de tarifa sino también del déficit general.
Los productores pasarán a ser financiadores del Estado
La enmienda propone el traslado de la financiación del 38,3% de las primas al régimen especial con cargo a los Presupuestos pero no establece ningún régimen de liquidación y pago de las primas, lo cual agrava, aún más si cabe, la inestabilidad regulatoria del sector eléctrico nacional. La total falta de comunicación del Ministerio de Industria impide valorar en detalle el alcance real de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. No obstante, según distintas interpretaciones legales, la enmienda podría incluso suponer que hasta que la Comisión Nacional de Energía no recibiera la partida correspondiente de los Presupuestos no retribuiría a los productores, por lo que más de una tercera parte de las primas sería percibida durante el ejercicio siguiente.
Consecuencias desastrosas para el sector, la industria y la sociedad
La aprobación de esta enmienda vendría a sumarse a los recortes retroactivos impuestos en 2010 a las tecnologías eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica, que el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, tildó en su día de “inaceptables”. La industria nacional se está viendo abocada a elegir entre deslocalización o desaparición por los efectos de la moratoria a las tecnologías de régimen especial que estableció el actual Gobierno mediante el citado Real Decreto-ley 1/2012.
El eventual retraso en el cobro de un 38,3% de las primas que corresponden a las instalaciones, que en el peor de los casos podría incluso llegar a superar el año, supondría el cierre de cientos de empresas que hoy ya están en quiebra técnica. Esto llevaría a la bancarrota de miles de familias que invirtieron en energías renovables confiando en las condiciones del Boletín Oficial del Estado y que han tenido que renegociar sus condiciones crediticias por los recortes retroactivos de 2010.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular supondría el golpe final a unos sectores que se han desarrollado, con grandes esfuerzos públicos y privados, durante los últimos treinta años. El sector renovable nacional en su conjunto ha sido líder mundial por su competitiva tecnología, su desarrollo industrial y su capacidad y versatilidad, tanto de generación distribuida como de integración en red. Hoy, cuando podemos recoger los frutos de este esfuerzo en un mercado internacional con fuerte desarrollo, las decisiones políticas están acabando con uno de los sectores de mayor proyección, que aporta ya en 2010 aportaba el 1% del PIB y empleaba a más de 111.000 trabajadores.
Reparto de esfuerzo desigual
El esfuerzo económico del Proyecto de Ley recae, en mayor medida, en las empresas del régimen especial. Estas empresas operan con instalaciones recientes que no están amortizadas y un nuevo gravamen sobre los ingresos, y no sobre los beneficios, será especialmente perjudicial para ellas. Los productores de régimen ordinario trasladarán estos nuevos impuestos a los consumidores finales, que serán los que, en última instancia, asuman estas tasas, mientras que los productores del Régimen Especial no podrán hacerlo.
La industria nacional será, junto a los productores de régimen especial y los ciudadanos, la gran perjudicada por este Proyecto de Ley, poniendo en grave riesgo la recuperación económica y la creación de empleo.
Por ello, las asociaciones firmantes de esta nota piden al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que el mencionado proyecto de ley no cambie los criterios de retribución vigentes hasta la fecha para ninguna tecnología, que resultan imprescindibles para la rentabilidad razonable recogida en la Ley del Sector Eléctrico y que constituyen un conjunto indisociable en la decisiones de inversión realizadas hasta la fecha por inversores nacionales y extranjeros.
Asociaciones que suscriben este comunicado:
- ACER – Asociación Canaria de Energías Renovables
- ACLUXEGA – Asociación Cluster da Xeotermia Galega
- AEA – Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón
- AEBIG – Asociación Española del Biogás
- AEVERSU – Asociación Empresarial de Valorización de R.S.U.
- AGAEN – Cluster Galego do Autoconsumo Enerxético
- AIFOC – Asociación de Instaladores de Energía Solar Fotovoltaica sobre Cubierta
- APPA – Asociación de Productores de Energías Renovables
- APREAN – Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía
- APROPELLETS – Asociación de Productores de Pellets de Madera del Estado Español
- AREMUR – Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia
- ASIT – Asociación Solar de la Industria Térmica
- AVAESEN – Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía
- AVEBIOM – Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa
- CLUSTER RICAM – Cluster Empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de Canarias
- DONOSTIA SUSTAPENA – Cluster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Donostialdea
- EGA – Asociación Eólica de Galicia
- EOLICCAT – Associació Eòlica de Catalunya
- PROBIOMASA – Unión por el Empleo, la Sostenibilidad y el Desarrollo Rural a partir de la valorización energética de las biomasas
- PROTERMOSOLAR – Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica
- SOLARTYS – Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas Solares
- URWATT – Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa