El Gobierno de España ha vuelto a renegar del ahorro y la eficiencia como ejes de la política energética al votar en contra del texto, finalmente consensuado, de la nueva Directiva de Eficiencia Energética aprobada el pasado mes de septiembre en el Parlamento Europeo y en el reciente Consejo de Ministros de Energía. El argumento principal esgrimido por España para votar en contra (único negativo junto con Portugal y la abstención de Finlandia) es que nuestro país ya ha hecho un gran esfuerzo durante la última década en este sentido, lo que ha hecho que en 2010 hayamos alcanzado el objetivo europeo de ahorro de energía establecido para 2016. Según el Gobierno, la nueva directiva, al no reconocer dicho esfuerzo, penaliza a nuestro país con una carga desproporcionada en un momento de crisis económica; por el contrario, ignora la realidad de que aún mantenemos un diferencial importante con Europa en intensidad y en dependencia energética que convierte el potencial de ahorro de energía en la principal riqueza energética por explotar de nuestro país. Curiosamente la razón del rechazo a la Directiva de Eficiencia Energética es la misma que se dio a la moratoria renovable del RDL 1/2012, en la que el Gobierno manifestó que España estaba muy avanzada en los objetivos de renovables para 2020, razón por la que no se reconsideraría hacer más renovables hasta 2017.
Para la Fundación Renovables estas son excusas de mal cumplidor y en el fondo transmiten una nula voluntad de cumplir la nueva Directiva que de esta manera mal empieza su andadura en nuestro país. Esta postura se apoya en un ataque de complacencia injustificada ya que está en contradicción con la realidad de nuestro diferencial de intensidad energética, de un 24% con respecto a la UE-15 y un 20% con respecto a la UE-27, y nuestro diferencial de dependencia energética de casi 30 puntos. Solo la pérdida de competitividad que para nuestra economía representan estos datos, debería ser un motivo para considerar el ahorro y la eficiencia energética como un importante motor de reactivación económica. En este punto el Gobierno se atiene al mismo razonamiento que está escrito en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (PAEE), complacencia para justificar que no se va a hacer nada hasta después de 2016 y en línea con el RDL 13/2012 y los PGE 2013, que han eliminado los recursos para ahorro y eficiencia energética, y la no aprobación de los decretos de autoconsumo y certificación energética de edificios.
Poner la crisis como pretexto para relegar las políticas de ahorro de energía es un doble error porque la eficiencia energética es ahora mismo una necesidad para la política energética y económica dado el incremento constante de las importaciones de hidrocarburos, su impacto en la inflación y el déficit comercial y por otro lado, el sector de los servicios energéticos en España puede ser uno de los principales sectores con los que decidir y llevar a cabo políticas de estímulo al crecimiento económico y a la creación de nuevos empleos. El citado PAEE 2011-2020, aprobado hace un año, hacía una previsión de cómo evolucionaría el sector de los servicios energéticos para cumplir el objetivo de ahorro del 20% de energía, previsión según la cual el sector triplicaría su facturación actual y crearía cerca de un millón de nuevos empleos, directos e indirectos. Resulta increíble que en lo más duro de la crisis se desprecien políticas de crecimiento y empleo.
Es precisamente por la crisis por lo que esta nueva Directiva de Eficiencia Energética debe de contar con el máximo apoyo de todos los actores y agentes de los sectores energéticos y económicos de nuestro país. La Directiva de Eficiencia Energética es una magnífica oportunidad para plantear salidas a la crisis.
A pesar de que los distintos borradores de la Directiva han rebajado sus objetivos iniciales, su carácter de objetivos mínimos y la posibilidad de elegir actuaciones alternativas a las principales medidas que plantea, la dotan de una flexibilidad que dependerá de la voluntad de cada Estado miembro y del alcance que cada gobierno quiera dar a su cumplimiento. El principal objetivo es la decidida voluntad de Europa de fomentar el mercado de los servicios energéticos y de eliminar las barreras de todo tipo que impiden su crecimiento con la mirada puesta en la urgente necesidad de reducir las importaciones energéticas de combustibles fósiles y las emisiones de CO2.
Para ello se crean tres mecanismos de importancia fundamental:
- Estrategia Nacional de Rehabilitación de todo el parque de edificios, público y privado, para movilizar las inversiones adecuadas.
- Fondo Nacional de Eficiencia Energética para facilitar mecanismos de financiación que respalden los proyectos de ahorro de energía.
- Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética que contenga medidas, ahorro e inversiones y evalúe las medidas para eliminar las barreras normativas y administrativas que se opongan a la eficiencia energética.
En cuanto a la limitación del objetivo de rehabilitación del 3% anual de la superficie de edificios de la Administración Central y las exclusiones al objetivo de 1,5% anual de ahorro en la facturación a los clientes finales por las distribuidoras, se deja a los Estados miembros la posibilidad de corregirlas mediante medidas alternativas. En realidad se deja a los gobiernos un margen muy amplio de desarrollo del alcance de la directiva en la transposición que se haga al ordenamiento jurídico nacional.
Para España, solamente la rehabilitación energética de edificios supone una oportunidad de creación de actividad, de riqueza y de empleos de tal dimensión que desde la Fundación Renovables consideramos que la oportunidad que representa la transposición de esta Directiva obliga, desde este momento, a iniciar una campaña de apoyo a la misma y de petición a todas las administraciones públicas para que la transposición a la normativa española, a partir del año que viene, contemple:
- Un criterio amplio respecto a su alcance y aplicación en las tres administraciones públicas, central, autonómica y local, el urbanismo, las pymes y los hogares.
- Una reelaboración del PAEE 2011-2020 que tenga en cuenta esta nueva norma europea y con una evaluación de las barreras que impiden la eficiencia energética.
- Un plan de apoyo a las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) como instrumentos independientes y prioritarios para el cumplimiento de los objetivos y medidas de la directiva y una clara delimitación del espacio de las ESE con respecto al de las compañías distribuidoras.
- Derogación y modificación de normas como el RDL 1/2012 y RDL 13/2012 y aprobación de los decretos de autoconsumo y certificación energética de edificios por coherencia con la entrada en vigor de la Directiva.
La Fundación Renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial de la gestión de los servicios energéticos y de la rehabilitación energética, cree que la transposición de esta nueva Directiva debería movilizar a las empresas de servicios energéticos y a todos los sectores implicados en el ahorro y la eficiencia energética para no dejar pasar una oportunidad que puede ser un instrumento determinante para la reactivación y crecimiento de la economía.