El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha uno de sus mayores contratos de gestión. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado día 21 de junio el anuncio de licitación para el servicio integral del alumbrado exterior, con un plazo de ejecución de diez años y un importe de casi 18,8 millones de euros. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 3 de agosto para presentar sus ofertas.
El contrato abarca cinco servicios distintos: gestión energética, mantenimiento, garantía, obras de mejora e inversión en ahorro y actuaciones complementarias. La empresa adjudicataria será responsable de la ejecución de estas prestaciones, limitándose el Ayuntamiento a disponer de la estructura técnica de supervisión, tanto sobre las instalaciones actuales como sobre las que se añadan en el futuro.
En líneas generales, una empresa asumirá todo el control del alumbrado público, desde su funcionamiento al abono de la factura de electricidad. A cambio, recibirá del Ayuntamiento una cantidad que no podrá pasar de 1.878.447,60 euros al año. Al tratarse de un contrato con un plazo de diez años, el importe de la licitación se acerca a 18,8 millones de euros.
Para calcular esta cantidad, el Consistorio se basa en los costes que supone el servicio de alumbrado público. Según los datos recogidos en el pliego, entre mayo de 2011 y abril de 2012 la iluminación de la ciudad supuso un gasto de 1.425.584,75 euros. A eso hay que sumar los costes por el alumbrado de la Feria 2011 (135.000 euros) y el de la pasada Navidad (44.486 euros).
La suma de todas estas partidas se sitúan por debajo del precio de licitación del concurso, ya que se debe incluir el beneficio industrial (para la empresa). Sin embargo, el pliego establece unas condiciones que pretenden reducir el coste del servicio (se permitirá hasta un 15% de rebaja del canon), mejorar las prestaciones y renovar los equipos disponibles en la ciudad, con lo que se pretende que a la larga la externalización resulte muy provechosa.
Muchas mejoras
El apartado de gestión incluye el accionamiento de la instalación, las labores de vigilancia y control, la reposición de materiales, lámparas y otros componentes que se deterioren y el suministro de la energía requerida para el funcionamiento del alumbrado. La empresa podrá modificar el horario de encendido, pero siempre con permiso del Ayuntamiento emeritense.
Durante los seis primeros meses de contrato, la adjudicataria levantará planos de todas las instalaciones de alumbrado público y elaborará un inventario de todos los elementos y equipos, lo que facilitará su explotación.
Las labores de mantenimiento abarcarán los centros de mando, los tendidos de cables subterráneos y aéreos, las arquetas y las luminarias. La empresa deberá presentar durante el primer mes de vigencia del contrato un Plan de Mantenimiento Preventivo y de Verificaciones, en el que se detallarán las tareas, periodicidad y planificación del trabajo.
El apartado de garantía contempla la obligación de mantener en funcionamiento y en buen estado el material y los componentes del alumbrado público. Las averías generales deberán ser reparadas en menos de veinticuatro horas y las que afecten a los centros de mando de forma inmediata.
En cuanto a las actuaciones de mejora, la empresa deberá hacer una propuesta para la renovación de las instalaciones y el ahorro energético. Aunque no aparece en el pliego, el Gobierno local ya ha anunciado que prevé una inversión de 2 millones de euros.
Por último, el contrato incluye en el apartado de otras actuaciones la obligación de desconectar de inmediato las instalaciones ajenas al alumbrado público que pudieran estar conectadas al mismo. La adjudicataria deberá asumir la iluminación de la Feria de Mérida, para lo que se fijan las especificaciones técnicas a tener en cuenta y las exigencias ornamentales. En el caso del alumbrado extraordinario de Navidad, se establece una relación de calles y barriadas repartidas por todas las zonas de la ciudad para la instalación de más de 200 elementos decorativos.
Asimismo, el pliego también plantea la obligación de dar a conocer la existencia de instalaciones que se encuentren fuera de normativa o aquellas en las que la potencia instalada supere a la potencia contratada con la compañía suministradora, lo que permitirá reducir la factura eléctrica.