La Fundación Renovables considera que la expropiación de YPF puesta en marcha por el Gobierno argentino y la posterior reacción del Gobierno español pone en evidencia las numerosas contradicciones de la errática política energética de nuestro país, entre las que destaca la preocupación por la seguridad jurídica de las empresas petroleras fuera de nuestras fronteras mientras en España se ha vulnerado reiteradamente en los últimos años la de las empresas renovables. Por otra parte, la Fundación destaca que el mantenimiento de un modelo con una tremenda dependencia del exterior, en una economía basada en los combustibles fósiles, muy vulnerable en todos los aspectos, supone una ruina para nuestro país porque no existe una “política exterior energética” que vele por la imprescindible independencia de España en este ámbito que solo las renovables y las políticas de ahorro y eficiencia pueden garantizar.
Desde la Fundación Renovables se considera que ha existido una sobreactuación del Gobierno español demostrando una extrema sensibilidad en este asunto mientras da la espalda a los verdaderos problemas de la energía. Mientras la eólica bate récords de producción demostrando su eficacia y su perfecta integración en la red o la fotovoltaica confirma, día a día, la reducción de los costes de inversión, los precios de los combustibles fósiles se incrementan, confirmando la amenaza de una alta volatilidad y, sin embargo, la apuesta del Gobierno sigue siendo la de mantener uno de los ratios de dependencia del petróleo más altos de Europa con la moratoria al desarrollo de las tecnologías renovables.
Estas son las consideraciones de la Fundación Renovables ante el debate surgido por la decisión del Gobierno argentino y por la respuesta del Gobierno español:
- Contexto internacional
Los análisis de las condiciones internacionales que determinan la política energética nunca se hacen ni se tienen en cuenta excepto cuando, a toro pasado, ocurren hechos como la expropiación que ha sufrido REPSOL por parte del Gobierno de Argentina. La Agencia Internacional de la Energía lleva años alertando a todos los gobiernos que las reservas de gas y petróleo crecen menos que su demanda en todo el mundo y su declive anual, medido por el diferencial entre nuevas prospecciones y crecimiento de la demanda, se estima entre el 6 y el 7% cada año. Este hecho marca la nueva situación energética mundial de precios elevados de los combustibles fósiles, con un impacto económico cada vez más grave por elevación de precios, inflación, tipos de interés, déficit comercial y emisiones contaminantes.
Durante la última década se ha incrementado la nacionalización de las reservas por parte de todos los países suministradores y los casos han sido tan numerosos que la nacionalización de YPF por el Gobierno de Argentina era un hecho anunciado y que debería haberse tenido en cuenta por los cambios acaecidos en la geopolítica del gas y del petróleo en las últimas décadas. El hecho mismo de que el decreto de apoyo al biodiesel español estuviese metido en un cajón desde hace un año lo demuestra.
Todo lleva a la conclusión de que la economía de los combustibles fósiles tiene un límite geológico, ambiental (es significativo que el proyecto estrella de REPSOL, en Vaca Muerta, consista en la extracción de Gas No Convencional, una apuesta de alto riesgo medioambiental como denunciaba hace meses la Fundación Renovables), económico y político que la hace extremadamente vulnerable para aquellos países, como España, con una dependencia energética superior al 80% y más del 50% de sus necesidades energéticas cubiertas por el petróleo. Mantener la economía del petróleo con una dependencia tan elevada es una ruina. Se trata de fuentes agotables, sucias y caras. En nuestro caso diez veces más caras para el consumidor que las fuentes de origen renovable.
- Política energética especulativa
La política energética de nuestro país en las últimas décadas se ha caracterizado por mantener una economía y un modelo energético basado en el predominio de los combustibles fósiles, con un modelo de negocio que ha incentivado el mayor consumo de energía y el predominio de las operaciones corporativas en el sector de la energía. Las mayores inversiones energéticas de las últimas décadas, cerca de 40.000 M€, han ido destinadas a la compra venta de activos energéticos, razón por la que el valor de las acciones resulta determinante y deja al margen otros factores vitales para el país como son la dependencia y la eficiencia energética.
La verdadera amenaza para la sostenibilidad económica de nuestro sistema energético son la dependencia energética y la falta de ahorro y eficiencia en el uso de la energía. Desde 2008 la crisis ha puesto en evidencia cómo mantener la apuesta por el carbón, el gas y el petróleo y, por el contrario, el freno y retroceso impuestos a las renovables y al ahorro de energía han conducido al incremento constante de los costes del sistema apoyándose en la falta de transparencia en la conformación de precios y en la falta de competencia.
- La consecuencia: pérdida de soberanía
Una de las consecuencias más graves, pero muy poco advertidas, del modelo seguido hasta ahora es que buena parte de nuestro sistema energético está en manos extranjeras. Las que en su día fueron las primeras empresas energéticas del país, ENDESA y CEPSA, son de Italia y Abu Dhabi, respectivamente, Hidrocantábrico de Portugal o Viesgo de Alemania. ¿Se acuerdan ahora del intento de la rusa LUKOIL o la mejicana PEMEX de hacerse con REPSOL? Pues la penúltima consecuencia de este modelo es que por la expropiación del Gobierno argentino, REPSOL y GN-Fenosa han pasado automáticamente a ser “opables” en los mercados internacionales aunque la propia REPSOL en estos momentos tiene mayoría de capital extranjero.
La falta de política energética, la falta de política exterior energética y la regulación de un modelo energético fundamentalmente especulativo, -valga como ejemplo la eliminación en 2011 de los blindajes a los socios minoritarios de empresas cotizadas-, conduce a que España se puede quedar, en poco tiempo, sin ninguna de sus principales empresas energéticas.
Mientras países como Italia, Alemania o Francia defienden la identidad nacional de sus sectores estratégicos, como es el de la energía, aquí prácticamente se está perdiendo esa soberanía bajo el paraguas de una liberalización que solo ha auspiciado multitud de operaciones atípicas pero sin tocar un modelo insostenible por su elevada dependencia de las importaciones energéticas.
Ahora, superada la primera reacción de patrioterismo, no parece coherente defender la seguridad jurídica de nuestras empresas en Argentina cuando antes se arrebató la seguridad jurídica de las renovables en nuestro propio país o cuando la incertidumbre regulatoria ha puesto al sector energético en vigilancia por las empresas de rating. Cabe recordar que la vulnerabilidad de la seguridad jurídica de España hacia las inversiones en renovables nos ha desacreditado a nivel mundial y han provocado un aluvión de recursos en los tribunales de arbitraje internacional.
A partir de ahora alguien debería darse cuenta de la importancia estratégica de las renovables porque, como fuentes autóctonas e inagotables, son la única tecnología energética que mejor puede garantizar la seguridad de suministro a medio y largo plazo frente a los riesgos y la volatilidad de la dependencia exterior. Insistimos en que éste solo es el penúltimo capítulo, vendrán más.
Ante este escenario, parar las renovables y obligarlas a deslocalizarse de su propio país sólo puede calificarse de política suicida y de falta de visión estratégica. En los últimos balances energéticos se puede observar que son la única energía cuyo mayor consumo es capaz de reducir nuestras importaciones de gas y petróleo y la emisiones de CO2. Convendría que nuestra política energética tuviera un poco más de orgullo a la hora de defender la única energía que es del todo nuestra y convirtiera a las fuentes renovables en un instrumento de identidad nacional; en eso consiste el liderazgo.
- Fundación Renovables: otra política energética
En conclusión la Fundación Renovables vuelve a reivindicar otra política energética que responda a los siguientes planteamientos:
- España ha de dotarse de una política energética exterior que entienda la energía como un bien básico y estratégico y se anticipe a los cambios geopolíticos.
- El primer objetivo energético debería ser la independencia energética nacional reduciendo el consumo de combustibles fósiles a través de un nuevo mix energético basado en el consumo masivo de renovables y en la internalización de costes de todas las fuentes de energía para que se conozcan los costes reales de cada una de ellas.
- Un Plan Nacional de Ahorro de energía con objetivos obligatorios para todos y penalizando el derroche de energía y de emisiones de CO2.
- Impulsar un nuevo patrón de crecimiento económico a través de un nuevo modelo energético que impulse la economía de las renovables y de la eficiencia energética como sector industrial y tecnológico, generador de empleo y de desarrollo regional.