La Comisión Nacional de la Energía, CNE, ha presentado un informe con medidas orientadas a reformar el sistema eléctrico español. La situación actual, marcada entre otros aspectos, por la caída de la demanda de productos energéticos, la dificultad de financiación de nuevas estructuras, asociada a la crisis económica, o el incremento de los combustibles fósiles, dibujan un panorama que parece exigir un nuevo marco regulatorio.
El objetivo es eliminar el déficit entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico, cuya deuda asciende ya a 21.812 M€ (23.312 M€ si se incluye el déficit establecido para 2012). Esta situación justifica la introducción de medidas incluidas en el informe y destinadas a garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico y gasista, así como otras relativas a la mejora de los mercados, mayorista y minorista, eléctrico y de gas natural.
Entre las propuestas a corto plazo, destacan la armonización de la prima de la tecnología solar termoeléctrica con respecto a su tarifa regulada o la limitación del uso de los combustibles fósiles de apoyo al 5% de la energía primaria para tecnologías de régimen especial. Adicionalmente, se realizan propuestas con un impacto de ahorro de costes a medio plazo y de "difícil cuantificación", pero cuya implantación recomienda cuanto antes esta Comisión, con el fin de introducir eficiencia en la regulación de las actividades reguladas.
La Comisión establece que la combinación de medidas regulatorias correctoras, incluyendo la laminación de las primas a las termosolares y un incremento de peajes del 3% anual hasta 2014, permitiría alcanzar la suficiencia de los peajes en 2015, mientras que el déficit pendiente de financiar sería de 2.130 M. De esta forma, el problema del déficit estructural quedaría resuelto este año.
No todos piensan lo mismo
El presidente de la CNE, Alberto Lafuente se ha desmarcado del contenido del informe con un voto particular por considerar que "no propone un reparto equitativo de las cargas asociadas al déficit tarifario" y señala que los Presupuestos Generales del Estado no pueden asumir la deuda no cubierta por las medidas. Lafuente denuncia que, en los últimos años, "el ritmo inversor en este tipo de activos ha sido considerable, poco ajustado a la evolución reciente y prevista de la demanda", dando lugar a "excesos de capacidad muy notables". Lafuente hace mención también a las energías renovables, al señalar que España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor penetración en la cobertura de la demanda eléctrica, siendo el nuestro el que ha prestado mayor apoyo financiero a dichas energías. Lafuente hace una valoración positiva del Real Decreto 1/2012, que suspende temporalmente las ayudas a las renovables, "ya que las primas a las renovables tienen un peso muy significativo en los peajes facturados a los consumidores". Y concluye que las reformas contempladas en el documento son "notoriamente insuficientes".
Así mismo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió un comunicado en el que expresaba su rechazo a la publicación de este informe, "dada la trascendencia de su contenido y las implicaciones que pudieran afectar a terceros". En este sentido, la Secretaría de Estado de Energía manifestó que "el informe carece de efecto vinculante alguno". Asimismo, "contiene algunas propuestas que no son compartidas y no se van a adoptar". Y lamentó las consecuencias que la publicación del informe, "por decisión unilateral y exclusiva de la Comisión Nacional de la Energía", haya podido causar o cause.