La Asociación de Productores de Energías Renovables ha propuesto a la Comisión Nacional de Energía distintas medidas que, en conjunto, ahorrarían al sistema eléctrico más de 6.800 millones de euros anuales. Durante 2012, se podría lograr un ahorro de 6.325 millones, que pasarían a 6.855 a partir de 2013 si se comenzasen a subastar los derechos de emisión durante ese año. Algunas de estas medidas se refieren, simplemente, a la aplicación de distintas leyes vigentes como la Ley del Sector Eléctrico o el Real Decreto-ley 6/2009. Otras medidas buscan la competitividad y la transparencia de nuestro sistema de formación de precios.
APPA ha propuesto diversas medidas a la Comisión Nacional de Energía en el marco de la consulta pública lanzada por este organismo para recabar ideas y opiniones sobre posibles medidas de ajuste regulatorio del sector eléctrico. En conjunto, las propuestas planteadas por la Asociación de Productores de Energías Renovables suponen un ahorro superior a los 6.800 millones de euros anuales. Adicionalmente se proponen gran cantidad de medidas, cuyo impacto económico no está cuantificado, que contribuirían a la competitividad de nuestro sistema eléctrico.
Revisión necesaria del sistema energético
La moratoria que ha impuesto el RDL 1/2012 sobre las energías renovables no contribuirá a solucionar los grandes problemas que asolan a nuestro sistema eléctrico. El exceso de potencia instalada, la dependencia energética excesiva de las importaciones, el poder de mercado de algunas compañías o un modelo de subastas claramente inflacionista son problemas que no pueden achacarse a las energías renovables.
La Asociación de Productores de Energías Renovables considera necesaria una revisión completa y profunda del sistema energético, especialmente en el actual contexto de crisis económica y en el escenario de precios alcista de los hidrocarburos. Es necesario que nuestro sistema eléctrico sea más competitivo y tenga un funcionamiento transparente que refleje de forma clara los verdaderos costes de la tarifa regulada. En relación a las energías renovables, los cambios regulatorios – en ocasiones retroactivos – han supuesto un grave perjuicio para el sector de las energías limpias en particular y para nuestro país, en términos de imagen e inversión, en general.
Aplicación de la legislación vigente
Algunas de las propuestas que ha realizado APPA a la CNE, como la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia o el traslado de algunos costes regulados a los Presupuestos Generales del Estado, ya se encuentran reflejados en nuestra legislación vigente. Concretamente, la Ley del Sector Eléctrico, en su disposición transitoria sexta, reconoce la existencia de unos costes de transición al régimen de mercado competitivo a las sociedades titulares de instalaciones de producción que, a 31 de diciembre de 1997, estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del RD 1538/1987. Se reconocía a estas sociedades una compensación – diferencia entre 3,6 c€/kWh y el precio final medio del mercado – por cada kilovatio hora producido e incorporado al mercado. En caso de que el precio del mercado fuera superior a los 3,6 céntimos, deberían devolver el exceso entre el precio de mercado y esa cantidad. La devolución de esta diferencia supondría 970 millones de euros que deberían destinarse íntegramente a la reducción del déficit tarifario.
Adicionalmente, el Real Decreto-ley 6/2009 establece que los extracostes de los sistemas extrapeninsulares e insulares deben traspasarse a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La aplicación de la Ley trasladaría este coste a los PGE. En relación con las ayudas al carbón, estas ayudas no tienen sentido en un escenario de exceso de potencia y generación, claramente se engloban en ayudas sociales – en este caso al sector minero – y deberían repercutirse en los PGE. Ambos conceptos suponen 1.900 millones de euros anuales (1.500 los sistemas extrapeninsulares e insulares y 400 las ayudas al carbón) que está soportando el sistema eléctrico de manera injusta.
Por último, la Directiva Europea 2009/29/CE establece la obligación de subastar los derechos de emisión de CO2. Tras la finalización – en 2012 – del segundo plan de asignación nacional, la Unión Europea recomienda que, al menos, el 50% de los ingresos se dediquen a la lucha contra el cambio climático. Según los datos de la Comisión Europea y las principales agencias, estas subastas aportarían 1.500 millones de euros a partir de 2013.
Tasa a los “beneficios caídos del cielo” de centrales amortizadas
Las centrales de generación nuclear y de gran hidráulica, acogidas al marco anterior al 1 de enero de 1998, aceptaron la cifra de 3,6 c€/kWh como valor mínimo con el cual serían rentables al acogerse al nuevo sistema. Esta cifra se calculó sobre la base de una vida útil residual media de 5,91 años. Esto indica que dichas centrales, ya estarían amortizadas en 2004. Según el informe de la CNE de mayo de 2008 sobre los costes marginales de las distintas tecnologías de generación, estas centrales han obtenido unos beneficios excesivos. El establecimiento de una tasa para aquellas centrales de generación nuclear y de gran hidráulica adscritas al régimen ordinario podría reducir en 2.800 millones de euros anuales el déficit tarifario.
Repercusión de los objetivos de renovables en todo el sector energético
Los objetivos vinculantes comprometidos con Bruselas sobre el porcentaje de energías renovables en el consumo de energía final (20% de renovables en 2020) no se circunscriben únicamente al sector eléctrico. Sin embargo, es el sector eléctrico el que más esfuerzos está soportando para llegar a los objetivos de renovables. Por lo tanto, es necesario que todos los sectores con un fuerte consumo de hidrocarburos de origen fósil (transporte, industrial, climatización,…) contribuyan a la consecución de los objetivos, bien cumpliendo su cuota correspondiente de energía renovable, bien con la aplicación de una contribución económica, “céntimo verde”, que permita distribuir los costes de los objetivos entre todos los sectores energéticos. Este concepto podría suponer 655 millones de euros, cifra que aumentaría si se aplicase también al consumo de gas natural.
Revisión del funcionamiento del mercado
Muchas de las medidas propuestas por APPA no tienen un impacto económico contabilizado pero facilitarían la competencia y producirían, a medio plazo, un abaratamiento del sistema eléctrico. Algunas de estas medidas son la revisión de las subastas CESUR, donde el precio del mercado se incrementa del orden del 10% antes de la subasta para, posteriormente, volver a caer. La revisión de los servicios de ajuste del sistema o distintas medidas que reflejen nuestro actual escenario de exceso de potencia instalada. Aquí cabe resaltar los costes asociados a pagos por capacidad, que aumentaron en 2011 un 100% sin que exista ninguna razón que lo justifique.
Por último, se insta a la Comisión Nacional de Energía a que proponga medidas que supongan una separación efectiva y real de las actividades de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. En la actualidad no hay una separación efectiva de las distintas actividades, lo que ha producido determinadas posiciones de poder.