La Diputación de Málaga, a través del Consorcio Provincial de Aguas, dependiente del Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, presentará un proyecto para estudiar la mejora del funcionamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales de los pequeños y medianos municipios de la provincia al programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE), perteneciente a la Unión Europea (UE).
Este programa, que busca una mayor eficiencia energética, está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Actualmente se encuentra en la tercera convocatoria de proyectos (2007-2013), en la que se han establecido dos prioridades: la promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en materia tecnológica y la mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente en el entorno natural del SUDOE. El plazo límite de presentación es el 2 de marzo de este año.
Ahorro energético
Se pretende realizar un estudio que permitan reducir de forma significativa el consumo energético de las plantas depuradoras, con el consiguiente ahorro económico.
El diputado de esta área, Juan Jesús Bernal, ha señalado que “más de la mitad del presupuesto del Consorcio (los ayuntamientos aportan el 50 por ciento y la Diputación la misma cantidad) se destina a pagar la electricidad necesaria para que las 42 instalaciones que dependen de este organismo funcionen, por lo que es necesario buscar soluciones para que disminuya el consumo, y de esta forma dedicar esos recursos económicos a la optimización de las infraestructuras”.
Asimismo, estas estaciones depuradoras de aguas residuales ubicadas en pequeños municipios presentan particularidades en su funcionamiento respecto a las de las grandes ciudades, debido a las características de los caudales de entrada y de los parámetros físicos, químicos y biológicos que presenta este elemento.
Esto afecta directamente al tratamiento de depuración implantado, que produce deficiencias y “en bastantes ocasiones, el no cumplimento de los valores exigidos por la directiva europea 271/91 sobre vertidos al dominio público hidráulico o marítimo. Esta normativa exige que para el año 2015, no se produzcan vertidos de aguas residuales al mar, pues en el caso se multará a la administración competente”, ha afirmado el diputado.
Para llevar a cabo lo que popularmente se conoce como ‘vertido cero’, la Junta de Andalucía ha establecido por decreto que todo el sistema de depuración de la comunidad autónoma debe estar acabado para antes de esta fecha, que coincide con el plazo límite de ejecución de la tercera convocatoria del Programa SUDOE (31 de diciembre de 2014).
Por este motivo, el Área de Medio Ambiente ha considerado que esta iniciativa “es idónea para nuestro objetivo y se enmarca perfectamente” en los criterios que establece dicho programa de cooperación territorial, puesto que además los estudios que se lleven a cabo y las herramientas que se desarrollen son “totalmente válidas para otros territorios de la UE”, ha destacado Bernal. La inversión estaría financiada en un 75 por ciento con los fondos FEDER, y no superaría los 3 millones de euros.
Actuaciones del proyecto
Las actuaciones que se prevé llevar a cabo en este estudio son:
- Realización un manual de diseño, mantenimiento y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales
- Desarrollo de estudios energéticos para la mejora de la eficiencia de las instalaciones
- Realización de estudios sobre el desarrollo de microorganismos en cada uno de los sistemas y cómo les afecta las variaciones de caudal, además de la carga contaminante y las condiciones de explotación
- Elaboración de una base de datos que permita acoger todos los análisis realizados
El Programa SUDOE está elaborado por los cuatro estados implicados en el Espacio SUDOE (España, Francia, Portugal y Reino Unido), y cuyo objetivo principal es consolidar la zona como un espacio de cooperación territorial en los ámbitos de la competitividad y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación del territorio, que contribuya a reforzar la cohesión económica y social dentro de la UE.